Se ha confirmado que la orden de no innovar que fue solicitada en nuestro recurso de protección ha sido denegada por la séptima sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, razón por la cual el show “Vírgenes” podría llevarse a efecto.

Al respecto, declaramos lo siguiente:

Agradecemos a los cientos de católicos que, en el curso de la semana, adhirieron a nuestras peticiones a través de firmas, mensajes de apoyo y, principalmente, a través de la oración.

Agradecemos asimismo la declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, que reivindicó la figura de la Virgen María, repudiando esta provocación injusta, y particularmente a Monseñor Contreras, quien defendió nuestro accionar.

Rescatamos el hecho de que nuestro recurso fuera declarado admisible y acogido a tramitación. Ello significa que en Chile existen herramientas jurídicas a las cuales pueden recurrir los ciudadanos para defender su derecho a no ser injustamente agredidos y ofendidos en sus creencias religiosas, y a la honra de las figuras centrales de su credo y la suya propia.

Recordamos que aún debe discutirse el fondo del asunto en la Corte, lo que podría sentar un precedente importante en lo referido al contenido de la libertad religiosa y el derecho a la honra en estas materias, en cuanto garantías constitucionales susceptibles de protección. Aunque el fin inmediato y contingente de nuestras acciones, la suspensión del show “Vírgenes”, no se ha logrado, queda aún por verse el éxito de nuestra intención ulterior: sentar un precedente que dote de sentido y contenido a estas garantías fundamentales para que ellas no sean meras declaraciones formales de principios, sin efecto práctico y sin protección real y efectiva.

Por ahora, invitamos a todos los fieles y personas de buena voluntad a orar y abogar por una causa que representa a todos los chilenos, creyentes y no creyentes: que en nuestra patria se respete el derecho de todos a no ser ofendido ni atacado por las creencias religiosas legitimadas en el orden constitucional.

Confiamos en que la autoridad cumpla con su deber de promover y asegurar la paz social, dentro de la cual se encuentra la paz religiosa, haciéndola primar ante la ofensa gratuita e injusta.