 Exige
transparencia al Consejo de Rectores y la licitación de la PSU
El
Consejo de Rectores es un organismo autónomo creado en 1954 por la Ley
11.575. En dicha norma, se estableció expresamente que el Consejo
estaría conformado por los Rectores de la Universidad de Chile,
de Concepción, Católica de Chile, Católica de Valparaíso,
Técnica Federico Santa María, Técnica del Estado
y Austral. Luego en 1984 se actualizó la nómina, incluyendo
a todas las Universidades e Institutos Profesionales derivados de la
Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado (Ley
N° 18. 369 y DFL N°2). En el caso de las tres Universidades que
se desgajaron de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Católica
del Maule, Católica de Temuco y Universidad de la Santísima
Concepción), si bien no están nombradas en la Ley, asisten
como invitados permanentes del Consejo.
Como se podrá apreciar, las Universidades que forman parte del
Consejo de Rectores son tanto Universidades públicas como privadas,
y además todas ellas datan de una fecha de existencia anterior
a la reforma educacional que se realizó en 1980, como también
de las que se derivaron de ellas. Por tanto el legislador, para la integración
de dicho Consejo, solo ha optado por un criterio histórico,
sin tomar en cuenta un criterio de orden objetivo, como lo podría
ser la calidad del establecimiento o su naturaleza jurídica.
Dichas universidades son
las llamadas “tradicionales” y son las que reciben el Aporte Fiscal
Directo (AFD),
de acuerdo a
lo contemplado en
el DFL N° 4 en su artículo primero al señalar “que
el Estado contribuirá al financiamiento de las universidades existentes
al 31 de Diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se derivaren,
mediante aportes fiscales cuyo monto anual y distribución se determinarán
conforme a las normas del presente título”. Es decir todas aquellas
Universidades que forman parte del Consejo de Rectores.
Todo esto lleva a concluir
de que el AFD se distribuye en base a un criterio histórico y no de calidad debido a que solo se distribuye
entre aquellas Universidades que forman parte del Consejo de Rectores.
Actualmente este tipo de financiamiento representa aproximadamente un
46% de los recursos fiscales anuales que se destinan a la educación
superior, siendo el aporte más relevante que realiza el Estado
en la materia. Algunas de estas Universidades “tradicionales” no se encuentran
acreditadas, demostrando que su calidad no es la mejor de todas y sin
embargo reciben un AFD no menor.
Así como en el mundo financiero se usa el concepto de “Accountability”
para exigir cuentas sobre cómo se han utilizado y qué se
ha logrado con los recursos económicos, este mismo concepto aplicado
a la educación “Accountability Educacional”, nos aboca a exigirle
rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad por los
resultados a todas las Universidades del Consejo de Rectores,
que al día de hoy no se sabe como y en que usan los aportes provenientes
de nuestros impuestos.
Además de exigirle transparencia y cuentas claras al Consejo
de Rectores, creemos que llegó el momento de que la PSU
transparente sus resultados académicos y económicos.
Apoyamos al Mineduc en su idea de licitar esta prueba, lo que deberá entregarse a
una organización independiente, no Universidad, que permita disminuir
el costo de esta prueba y que se someta a la medición en base
a resultados objetivos.
Por lo anteriormente descrito,
exige a la comisión de educación
de la Cámara de Diputados, pidiendo una Ley de Accountability
Educacional para los recursos del AFD que se entregan al Consejo de Rectores
y la
licitación de la PSU a una organización independiente. Envía
tu correo basado en la plantilla que anexamos.
También
puedes hacer click aquí para
invitar a tu familia y amigos a sumarse a esta campaña.
|
|
Fuentes:
Bernasconi, A. y Rojas,
F., Informe sobre la Educación superior en chile: 1980-2003, Editorial
Universitaria, Santiago, 2004.
Brunner, José Joaquín, y otros., Guiar el Mercado: Informe
sobre la Educación Superior en Chile, Universidad Adolfo Ibáñez:
Escuela de Gobierno, Santiago, 2005.
Lehmann, Carla, Financiamiento de la Educación Superior: Antecedentes
y Desafíos, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1990.
León R., José Julio, La Educación Superior ante el Derecho,
en Bernasconi, Andrés (edit.), Editorial Biblioteca Americana, Santiago,
2002.
Links relacionados:
MuéveteChile exige transparencia en los contenidos de la PSU
MuéveteChile y el proyecto LEGE
Fiscalía
Económica indaga a la U. de Chile por la PSU
Accountability educacional
¿PSU al Mineduc?
Actualidad sobre
la PSU
|
