Sr. Director,

No a través de una ley, sino por la vía de una resolución exenta y luego por Decreto Supremo, se entrega la píldora del día después en los consultorios públicos a las “enfermas de embarazo”.
Mientras hay buenos estudios que demuestran su potencial efecto abortivo, y así lo advierten los productores internacionales en la etiqueta, aquí se omite la leyenda al consumidor.
Como los Laboratorios nacionales no están interesados en producirla, importarla y venderla, este Gobierno se convierte en el importador y proveedor, utilizando parte de nuestro presupuesto nacional.
Y como por algo las Farmacias no la quieren vender y no se la compran al nuevo proveedor agnóstico-papista, se les obliga y multa con 33 millones de pesos a cada una.
Ante este vacío político, ¿quién podrá defendernos?

Salvador Salazar D.