TVN (24 horas) nos ha entrevistado para conocer nuestra opinión sobre la noticia relativa a las obras que emprendería el Gobierno para facilitar el acceso a playas nudistas. He aquí algunas reflexiones sobre el tema:

La impudicia es un mal moral.

Desde un punto de vista antropológico, es natural que toda persona sienta aprecio por su intimidad y que, por lo tanto, la proteja. Puesto que la intimidad es el mundo interior de todo ser humano, quien se aprecia a sí mismo necesariamente aprecia su intimidad: no se regala a cualquiera lo que se tiene por preciado. Esa es la razón por la que tenemos secretos y un mundo privado que elegimos compartir sólo con algunos. Esa es también la razón por la que sentimos vergüenza cuando alguien revela nuestros secretos sin nuestro consentimiento. El pudor es la herramienta natural que protege nuestra intimidad y demuestra que ese mundo interior tiene valor. Por lo tanto, es un bien para el sujeto; y carecer de este bien, es un mal. Es propio de las personas el sentir, en ocasiones, vergüenza.

¿Se debe sentir pudor en la exposición del propio cuerpo?

El hombre está constituido por una realidad a la vez espiritual y corporal: somos alma y cuerpo. Nuestra realidad espiritual se expresa a través de la corporal: expresamos nuestras ideas y sentimientos a través del lenguaje y del cuerpo. Aunque usamos nuestro cuerpo para expresar lo que somos, no podemos afirmar que el cuerpo es mero instrumento, pues también SOMOS nuestro CUERPO, y así como no es sano mostrar a todos todo lo que somos, tampoco lo es mostrar a todos todo nuestro cuerpo. El cuerpo también expresa: gestualizamos nuestros pensamientos y emociones, sonreímos cuando nos sentimos felices, nos sonrojamos cuando nos avergonzamos, etc. Cuando se descubre algo que los demás no deben saber, tratamos de ocultarlo, y esto se refleja en nuestro cuerpo (por eso, el mentiroso desvía la mirada y el delincuente se tapa el rostro). Esto nos demuestra que el cuerpo también tiene un espacio propio de intimidad, el que merece aprecio y protección. La privacidad, que es tanto del alma como del cuerpo, se abre sólo para algunos, a quienes se les regala una parte de ella (por eso, la intimidad más perfecta se da dentro del matrimonio, pues ahí lo que se regala no es una parte, es el todo: comunidad de vida). No respetar lo que es por naturaleza privado (recordemos que el pudor nos revela qué es lo privado) implica no respetarse a sí mismo.

Los promotores del nudismo argumentan que “el ir desnudos es la cosa más natural”, pero también es de lo más natural defecar o aparearse, cosas que -por ahora- a nadie se le ocurre hacer ante los demás, como lo hacen los animales. El respeto al derecho de la propia intimidad y a la de los demás, son conquistas del progreso racional. Lo otro, es regresar a las cavernas.

El pudor bien entendido es algo positivo (y no represivo) que me lleva a guardar lo más íntimo para la persona amada, es un bien que merece ser protegido con independencia de la mera subjetividad de la persona cuya intimidad se daña. (p.e. es bueno que el estado promueva y proteja la intimidad a través de una vivienda digna, donde no todos te vean o te escuchen).

No se tiene propiedad sobre el propio cuerpo.

Hay quienes argumentan que sería lícito mostrar todo el cuerpo a cualquiera, pues el cuerpo sería propiedad de uno mismo y es legítimo que cada quien elija cómo disponer de lo suyo cuando esa disposición no molesta a nadie (como sería el caso de una playa cerrada donde se practica el nudismo). Sin embargo, el argumento es errado. El mismo apoya todo su peso en el supuesto falso de que se tiene un derecho de propiedad sobre el cuerpo. Como el cuerpo ES la persona, éste no puede ser un objeto (que es aquello sobre lo cual se puede tener un título de propiedad) ni recibir el tratamiento de tal. La persona es siempre SUJETO y el cuerpo es la misma persona, única e irrepetible. Por lo tanto, no merece el tratamiento de una cosa que pueda ser vendida, arrendada o destruida. Tratar el propio cuerpo como si se tuviera propiedad sobre él -como si éste fuera un objeto- constituye un atentado sobre sí mismo, pues implica necesariamente una cosificación del individuo. La exhibición impúdica (sin pudor) es más propia de los animales y objetos que se muestran en las vitrinas que de los sujetos. Por esa razón, a los esclavos se les exhibía en el mercado: se les consideraba objetos, no sujetos.

La autoridad ha actuado contra el bien común.

Un lector perspicaz podría observar que, aun concediendo todo lo anterior, la acción de la autoridad no sería ilícita en este caso pues es sano que los ciudadanos gocen de espacios de autonomía, aun cuando en el ejercicio de ella se hagan daño o se pongan en riesgo a sí mismos y no a otros (como lo es en el caso de permitir que los ciudadanos fumen o beban), pues la ley no debe reprimir todos los vicios, sino sólo algunos: aquellos que son injustos y producen un daño al bien común.

Pues bien, no debe olvidarse que este importante principio de justicia política deriva del principio de tolerancia del mal (la autoridad que tiene la competencia y la capacidad de hecho de evitar un mal moral, puede –y a veces debe- tolerarlo siempre que de la tolerancia se siga un bien mayor o se evite un mal mayor que el que se sigue de la conducta viciada). La autoridad puede TOLERAR (i.e., soportar con paciencia) un mal, mas no puede PROMOVERLO mediante actos positivos, pues sus decisiones públicas tienen como fin el bien de la comunidad que tiene a su cargo. En este caso, el Gobierno no está absteniéndose de intervenir, sino que está actuando a favor de una propuesta que cosifica al individuo, mejorando los accesos de una playa nudista, cuando en la actualidad hay muchas otras playas que necesitan con urgencia mejorar sus propios accesos. ¿Es justo que el dinero de los contribuyentes vaya en ayuda del nudista que quiere bajar a su playa y no en ayuda de la abuelita que quiere bajar a tomar el sol con su familia en una playa común y corriente? Es evidente el sesgo ideológico que hay detrás de esta jerarquización de prioridades. Nosotros no tenemos por qué soportarlo.

Escrito por: Felipe Ibarra

En atención a los acontecimientos de corrupción que han salido a la luz pública por el caso de Chiledeportes:

Rechazamos enérgicamente la corrupción ya que impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas y egoístas; contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza; y va también contra los más necesitados porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente.

Si la corrupción es un grave daño desde el punto de vista material, sus efectos son todavía más negativos sobre la vida social. No se trata sólo de un proceso que debilita el sistema económico: la corrupción impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y menos abiertas.

La corrupción política “compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”. La corrupción distorsiona el papel de las instituciones representativas y las usa para peticiones clientelistas, de este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos de unos cuantos que poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos.

Si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre —como aquellas contra la vida— deseducan a los ciudadanos, si la justicia procede con lentitud, si la moralidad se debilita por la trasgresión tolerada o si se degradan las condiciones de vida, se abona el terreno para que el fenómeno de la corrupción eche sus raíces. Se colocan aquí, con su enorme importancia, la educación, la formación moral de los ciudadanos y la tarea de instituciones, movimientos o asociaciones que puedan desarrollar una función cada vez más relevante en la prevención de la corrupción, ya que debemos cultivar y promover los recursos morales que ayuden a construir una “ecología humana” en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable.

La lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también un costo; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos se deben incentivar y castigar los deshonestos. En la lucha contra la corrupción es muy importante que las responsabilidades de los hechos ilícitos salgan a la luz, que los culpables sean castigados con formas reparadoras de comportamiento socialmente responsable.

Medidas prácticas que exigimos tomar:

1. Castigar a los corruptos, que a la ciudadanía le quede claro lo que realmente pasó y que la justicia proceda rápidamente.
2. Que el Estado eduque siempre con el ejemplo.
3. Incentivar los comportamientos honestos (incluso premiarlos de alguna manera).
4. Establecer códigos éticos.
5. Mayor transparencia, en especial aquellas transacciones que involucran dinero.
6. Establecer concurso para los cargos públicos
7. Establecer buenos salarios para los puestos públicos.

SANTIAGO.- Por seis votos a favor y cuatro en contra el Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento presentado por 32 diputados de la Alianza, donde se pide declarar inconstitucional la resolución del Ministerio de Salud que establece la distribución del fármaco a mujeres mayores de 14 años.

Dicha resolución, notificada esta mañana al Gobierno, causó sorpresa y molestia, principalmente por dos razones: primero, porque uno de los miembros del TC que acogió el requerimiento fue Mario Fernández (DC), ex ministro durante el Gobierno de Ricardo Lagos (Defensa y Secretaría General de la Presidencia) y ex embajador en Alemania.

En segundo lugar, porque esta es la primera vez que la resolución de un ministerio es revisada por el Tribunal, ya que antes sólo se había hecho con decretos.

Concretamente lo que busca el requerimiento presentado hace un mes por los diputados es que se declare inconstitucional la declaración exenta número 584 del Ministerio de Salud, dictada en septiembre del año pasado, y donde se estableció la distribución de la píldora.

Las polémicas por la píldora llegan así por primera al TC, ya que antes los frentes que había enfrentado el Gobierno sólo lo habían llevado a tribunales y la Contraloría.

El diputado UDI José Antonio Kast fue quien impulsó el requerimiento y contó con el respaldo de 31 diputados de su partido y de Renovación Nacional. Fue presentado con el patrocinio del abogado Jorge Reyes, de la ONG Pro Vida.

Según argumentan los parlamentarios, el fármaco atenta tanto contra el derecho a la vida como contra el derecho de los padres para decidir la educación de sus hijos.

A favor de acoger el requerimiento estuvieron José Luis Cea, Juan Colombo, Enrique Navarro, Raúl Bertelsen, Mario Fernández y Marcelo Venegas. En contra votaron Hernán Vodanovic, Francisco Fernández, Jorge Correa Sutil y Marisol Peña.