En atención a los acontecimientos de corrupción que han salido a la luz pública por el caso de Chiledeportes:

Rechazamos enérgicamente la corrupción ya que impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas y egoístas; contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza; y va también contra los más necesitados porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente.

Si la corrupción es un grave daño desde el punto de vista material, sus efectos son todavía más negativos sobre la vida social. No se trata sólo de un proceso que debilita el sistema económico: la corrupción impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y menos abiertas.

La corrupción política “compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”. La corrupción distorsiona el papel de las instituciones representativas y las usa para peticiones clientelistas, de este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos de unos cuantos que poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos.

Si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre —como aquellas contra la vida— deseducan a los ciudadanos, si la justicia procede con lentitud, si la moralidad se debilita por la trasgresión tolerada o si se degradan las condiciones de vida, se abona el terreno para que el fenómeno de la corrupción eche sus raíces. Se colocan aquí, con su enorme importancia, la educación, la formación moral de los ciudadanos y la tarea de instituciones, movimientos o asociaciones que puedan desarrollar una función cada vez más relevante en la prevención de la corrupción, ya que debemos cultivar y promover los recursos morales que ayuden a construir una “ecología humana” en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable.

La lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también un costo; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos se deben incentivar y castigar los deshonestos. En la lucha contra la corrupción es muy importante que las responsabilidades de los hechos ilícitos salgan a la luz, que los culpables sean castigados con formas reparadoras de comportamiento socialmente responsable.

Medidas prácticas que exigimos tomar:

1. Castigar a los corruptos, que a la ciudadanía le quede claro lo que realmente pasó y que la justicia proceda rápidamente.
2. Que el Estado eduque siempre con el ejemplo.
3. Incentivar los comportamientos honestos (incluso premiarlos de alguna manera).
4. Establecer códigos éticos.
5. Mayor transparencia, en especial aquellas transacciones que involucran dinero.
6. Establecer concurso para los cargos públicos
7. Establecer buenos salarios para los puestos públicos.

SANTIAGO.- Por seis votos a favor y cuatro en contra el Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento presentado por 32 diputados de la Alianza, donde se pide declarar inconstitucional la resolución del Ministerio de Salud que establece la distribución del fármaco a mujeres mayores de 14 años.

Dicha resolución, notificada esta mañana al Gobierno, causó sorpresa y molestia, principalmente por dos razones: primero, porque uno de los miembros del TC que acogió el requerimiento fue Mario Fernández (DC), ex ministro durante el Gobierno de Ricardo Lagos (Defensa y Secretaría General de la Presidencia) y ex embajador en Alemania.

En segundo lugar, porque esta es la primera vez que la resolución de un ministerio es revisada por el Tribunal, ya que antes sólo se había hecho con decretos.

Concretamente lo que busca el requerimiento presentado hace un mes por los diputados es que se declare inconstitucional la declaración exenta número 584 del Ministerio de Salud, dictada en septiembre del año pasado, y donde se estableció la distribución de la píldora.

Las polémicas por la píldora llegan así por primera al TC, ya que antes los frentes que había enfrentado el Gobierno sólo lo habían llevado a tribunales y la Contraloría.

El diputado UDI José Antonio Kast fue quien impulsó el requerimiento y contó con el respaldo de 31 diputados de su partido y de Renovación Nacional. Fue presentado con el patrocinio del abogado Jorge Reyes, de la ONG Pro Vida.

Según argumentan los parlamentarios, el fármaco atenta tanto contra el derecho a la vida como contra el derecho de los padres para decidir la educación de sus hijos.

A favor de acoger el requerimiento estuvieron José Luis Cea, Juan Colombo, Enrique Navarro, Raúl Bertelsen, Mario Fernández y Marcelo Venegas. En contra votaron Hernán Vodanovic, Francisco Fernández, Jorge Correa Sutil y Marisol Peña.