En atención a los acontecimientos de corrupción que han salido a la luz pública por el caso de Chiledeportes:

Rechazamos enérgicamente la corrupción ya que impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas y egoístas; contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza; y va también contra los más necesitados porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente.

Si la corrupción es un grave daño desde el punto de vista material, sus efectos son todavía más negativos sobre la vida social. No se trata sólo de un proceso que debilita el sistema económico: la corrupción impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y menos abiertas.

La corrupción política “compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”. La corrupción distorsiona el papel de las instituciones representativas y las usa para peticiones clientelistas, de este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos de unos cuantos que poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos.

Si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre —como aquellas contra la vida— deseducan a los ciudadanos, si la justicia procede con lentitud, si la moralidad se debilita por la trasgresión tolerada o si se degradan las condiciones de vida, se abona el terreno para que el fenómeno de la corrupción eche sus raíces. Se colocan aquí, con su enorme importancia, la educación, la formación moral de los ciudadanos y la tarea de instituciones, movimientos o asociaciones que puedan desarrollar una función cada vez más relevante en la prevención de la corrupción, ya que debemos cultivar y promover los recursos morales que ayuden a construir una “ecología humana” en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable.

La lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también un costo; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos se deben incentivar y castigar los deshonestos. En la lucha contra la corrupción es muy importante que las responsabilidades de los hechos ilícitos salgan a la luz, que los culpables sean castigados con formas reparadoras de comportamiento socialmente responsable.

Medidas prácticas que exigimos tomar:

  1. Castigar a los corruptos, que a la ciudadanía le quede claro lo que realmente pasó y que la justicia proceda rápidamente.
  2. Que el Estado eduque siempre con el ejemplo.
  3. Incentivar los comportamientos honestos (incluso premiarlos de alguna manera).
  4. Establecer códigos éticos.
  5. Mayor transparencia, en especial aquellas transacciones que involucran dinero.
  6. Establecer concurso para los cargos públicos
  7. Establecer buenos salarios para los puestos públicos.

6 Respuestas a “Chiledeportes. Castigar a los corruptos, que a la ciudadanía le quede claro lo que realmente pasó y que la justicia proceda rápidamente.”

  1. Salvador Valdés Prieto dice:

    El escándalo en Chiledeportes sugiere que hay fondos públicos desviados para fines distintos, incluso políticos, de los contemplados en la legislación. ¿Cuán extendidas son esas prácticas y cómo impedir que continúen? Dos soluciones punitivas: pedir a Contraloría que amplíe su revisión y solicitar investigar al Ministerio Público, entidad que ha acusado el desvío de cuatro mil 400 millones de pesos a campañas políticas oficialistas desde los programas de empleo de la Quinta Región.

    La solución punitiva más importante es responsabilidad de la oposición. Ella debería presentar un proyecto de ley que haga solidariamente responsable en lo civil y penal a los parlamentarios y a las directivas de los partidos políticos cuando las faltas a la probidad en que incurra el personal del sector público se traduzcan en fondos o beneficios concretos para sus actividades. Una norma de ese tipo desalentaría la captura del Estado por parte del mundo político y facilitaría la tarea de los parlamentarios y partidos que aspiran a operar en política con altos estándares de honestidad y contar con colaboradores probos. Los partidos de gobierno podrían comprometerse públicamente, desde ya, a expulsar de sus filas a aquellos parlamentarios que hayan apadrinado en los últimos años a operadores que resulten condenados por la justicia.

    Después vendrán las soluciones preventivas. Desde luego, una de ellas es aplicar la Alta Dirección Pública a los servicios vulnerables. Según la experiencia chilena e internacional, la selección de dos capas de altos directivos por concurso abierto de mérito, cuya imparcialidad es cautelada por consejeros aprobados por el Senado, unida a remuneraciones de mercado son la base de un sistema preventivo eficaz.

    En la cena anual de la industria 2006, la Presidenta Bachelet afirmó que “acelerará la reforma del Estado”. Se comprometió a incluir los casi 40 servicios públicos pendientes antes de finalizar 2007, y a enviar un proyecto de ley durante 2007 para sumar otros servicios. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado por qué hoy día Chiledeportes está eximido del sistema de la Alta Dirección Pública. Ello ocurre por disposición expresa de la Ley 19.882, de 2003. Esa ley se dictó en respuesta al caso Coimas y al caso MOP-GATE, junto con el dictamen del Servicio de Impuestos Internos que declaró que los sobres con billetes no eran tributables.

    El programa de Bachelet prometió avanzar en la reforma del Estado, pero tarda en proponer una ley que saque a Chiledeportes, la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Menores, el Instituto Nacional de la Juventud y la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena de la lista de servicios eximidos.

    Es conocida la enorme discrecionalidad con que actúan esos servicios al distribuir subsidios o aplicar multas. La oposición no debería esperar la cercanía de la próxima elección, sino que adelantarse a proponer ese proyecto de ley de inmediato. El Gobierno debería allanarse a una solución consensuada y razonable que aborde el problema de raíz.

    La salida de Chiledeportes de esa lista tampoco asegura que se aplique la selección por mérito. Debido a una norma que introdujo el Gobierno en 2003 (Art. 7º transitorio), la incorporación a esta lista no obliga a llamar a concurso para llenar los puestos de alto directivo. Sólo significa que, cuando en un futuro lejano renuncie o sea removido el actual ocupante, su reemplazante sea elegido por un concurso de Alta Dirección Pública.

    La oposición podría romper esta modorra con un proyecto de ley que obligue al Gobierno a anunciar un “calendario de solicitudes de renuncias” a los jefes de servicio aún no elegidos por concurso de mérito, pues esas remociones gatillarían los concursos buscados. El calendario debería garantizar que el sistema de Alta Dirección Pública se aplique a todos los puestos donde aún no se hace, antes de la campaña electoral de 2008. Esa ley daría flexibilidad para que el Gobierno, de acuerdo con los partidos de su coalición, pueda elegir cuáles jefaturas renuncian cuándo. Un acuerdo interno respecto de ese calendario garantizaría, a cada partido de gobierno, que en cada fecha de renuncias los equilibrios internos de la coalición gobernante sean respetados.

    Salvador Valdés Prieto, Investigador del CEP Profesor de Economía Universidad Católica

  2. Marta Salazar dice:

    Off topic: Gracias por enviarme las Newsletter! Muy buenas!

    Incluiré este blog entre mis blogs amigos, si están de acuerdo, sí? Espero respuesta.

  3. admin dice:

    Claro que sí y gracias por participar en nuestro Blog y boletines.

  4. de la Vega dice:

    Más allá de colores y partidos políticos, la verdad desde que tengo uso de razón nuestro querido país está plagado de gente corrupta que engaña a gente honesta como yo, tú o muchos, más allá a que sea de derecha, izquierda o de centro, mi prioridad en la vida es ir siempre con la verdad como única línea a seguir, no soporto los engaños, las mentiras y las traiciones…por lo mismo cuesta tanto poder creer en los políticos… sé que no es justo que caigan todos en el mismo concepto o en el mismo saco diciéndolo vulgarmente, pero la mayoría de los que nos dirigen son de una línea que no me logran convencer. Siento gran decepción en este aspecto, y siento también la necesidad y las ganas de que aparezca alguien que sea capas de no sucumbir a la tentación de ser corruptos, no sé si la palabra correcta sea tentación, pero así lo siento… creo que debemos como mínimo intentar acabar de una vez por todas con la maldita corrupción para así poder llegar algún día a alcanzar el lugar que se merece este hermoso país, sinceramente veo ese día muy lejano, porque estamos infectados de personas que más allá de representarnos, nos hacen dudar cada día más en lo que creemos, pero de cero hay que empezar, sería bueno que fuera desde hoy y de una vez por todas!…
    Señores donde vamos a llegar con esto??
    Donde vamos a llegar si nosotros, el “futuro de Chile” no cree ni siquiera en sus ideales? gran interrogante no? espero ansiosamente que esto cambie y que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para terminar con la gente sin criterio y sin valores que creen que nos pueden dirigir.

    Sinceramente.-

  5. Patricia Politzer dice:

    Hay diversas leyes que aseguran el acceso a la
    información, pero en la práctica no son más que
    letra muerta. Chile está entre los peores del
    mundo junto a Ghana, Sudáfrica y Kenia.

    Los extranjeros suelen reírse de nuestros
    escándalos de corrupción. Consideran que los
    montos involucrados en nuestros actos ilegales
    casi no merecen atención o por lo menos no son
    dignos de la estridencia que provocan entre
    autoridades, comentaristas y la propia
    ciudadanía. Lo cierto es que, comparados con los
    escándalos de corrupción a nivel internacional,
    los nuestros parecieran juegos de niños. Pero
    afortunadamente los chilenos reaccionamos con
    indignación y rechazo. De algún modo, pareciera
    estar claro entre nosotros que tal como no es
    posible estar un poco embarazada, tampoco es
    posible robar un poco, estafar un poco, engañar
    un poco, ni llevarse un poco de dinero público para la casa.

    Sin embargo, la indignación frente a los actos de
    corrupción -como ocurre en otras áreas- suele
    pasar de moda a poco andar, el tema se va
    diluyendo y… a otra cosa mariposa. En materia
    de corrupción, esa cultura de la memoria corta y
    el entusiasmo pasajero puede ser devastadora para nuestra democracia.

    La corrupción es un mal que corroe de a poco, que
    se infiltra en las instituciones -el caso de
    Chiledeportes es elocuente-, construyendo tal
    maraña, que a partir de cierto momento resulta
    imposible desentrañar. Por eso es tan grave y
    perturbador que el Índice Global de Corrupción
    2006, elaborado por Transparencia Internacional,
    muestre que no avanzamos hacia una mayor
    transparencia, sino que estamos estancados en la lucha contra la corrupción.

    Nadie puede sentarse en los laureles porque somos
    los mejores del continente, ni sentirse
    satisfecho porque nuestro puntaje es similar al
    de países como Francia o Bélgica. Por el
    contrario, esto debiera avergonzarnos y, sobre
    todo, hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal.

    La corrupción es una plaga frente a la cual Chile
    no puede descuidarse. Por algo en el último
    tiempo se han tomado medidas concretas como
    reformar la Constitución, instaurando la
    publicidad de los actos y resoluciones del
    Estado; establecer la declaración patrimonial
    obligatoria para las autoridades, o hacer propia
    la Convención de Naciones Unidas contra la
    Corrupción. ¿Por qué entonces seguimos estancados?

    Razones hay muchas, pero quisiera destacar
    aquello que se relaciona con el acceso a la
    información; es decir, aquel factor que hace
    posible la libertad de expresión y que se
    considera internacionalmente como un derecho humano fundamental.

    Si bien hay diversas leyes que aseguran el acceso
    a la información, en la práctica no son más que
    letra muerta. Así lo estableció a fines de
    septiembre un contundente estudio llamado
    “Transparencia y Silencio”, de la Open Society
    Justice Initiative, en el que se analizaron 14
    países de distintos continentes, entre ellos Chile.

    La investigación se basó en mil 926 pedidos de
    información a una amplia gama de instituciones
    administrativas. El 47% de las solicitudes fueron
    negadas sin mayor explicación. En el caso de
    Chile, ese porcentaje sube al 69%, dejando sólo a
    Ghana en peores condiciones con 73%, y superando
    en secretismo a Sudáfrica con 62% y Kenia con 61%.

    Para acceder efectivamente a la información no
    sólo se requieren buenas leyes; éstas son
    indispensables pero no suficientes. Es urgente
    convencer a los chilenos de que cualquiera tiene
    derecho a pedir información, sin tener que dar
    ninguna razón, a toda institución pública o de
    interés público, como las empresas de agua, luz o
    telefonía. Esto vale para cualquier persona, sin
    importar su nacionalidad o profesión. Por su
    parte, los funcionarios públicos deben estar
    capacitados para entregar la información
    solicitada en forma simple y sin mayores
    tramitaciones, y para señalar cuál es la oficina
    adecuada para el requerimiento cuando no sea la
    propia. Si la petición es rechazada, debe existir
    una justificación explícita, que demuestre que la
    publicidad de dicha información puede dañar el
    interés público, situaciones que deben ser
    excepcionales y estar expresamente establecidas
    en la ley. Sólo así se puede hacer realidad el
    acceso a la información, y evitar que organismos
    internacionales como la Corte Interamericana de
    Derechos Humanos nos condene por ocultar
    información, como ocurrió recientemente en el caso Trillium.

    Esto significa cambiar nuestra cultura, y eso
    siempre es más difícil y más lento que dictar
    leyes. Por eso, mientras antes comencemos, mejor.
    Si no lo hacemos, las acciones ilegales seguirán
    infiltrándose furtivamente por instituciones
    insospechadas. Educar en pro de la transparencia
    es urgente para no seguir estancados, o retroceder, en materia de corrupción.

  6. Fernando Muñoz dice:

    Me parece una declaración simplista, infantil y que desconoce las acciones tomadas -ya sea con anterioridad o en la coyuntura- en materia de probidad.

    No es una petición seria ni madura, por ejemplo, “que se concursen los cargos públicos- sim referirse al sistema de Alta Dirección Pública, a los cambios que se introducirán, a los niveles en que opera y aquellos en los cuales prima el nombramiento de confianza o la carrera, entre otros temas. ¿Porqué? Porque de otra manera, esta afirmación queda como una pataleta desinformada.

Deja una Respuesta